Por: Deyanira Castillo

Para entrar en contexto es necesario remitirnos a la Constitución Política:

El Preámbulo establece: “El pueblo de Colombia, en ejercicio de su poder soberano, y con el fin… de asegurar a sus integrantes la vida…” Esto es, dentro del Estado Social y Democrático de Derecho.

El artículo 3 dispone: “La soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público.”

El artículo 6 impone a los particulares y más a los servidores públicos: “Los particulares sólo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones.”

El artículo 11, consagra: “El derecho a la vida es inviolable”

El artículo 12 a su vez ordena: “Nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”

Y así podríamos seguir enumerando preceptos constitucionales, que prohíben y condenan el pésimo y alevoso procedimiento policial, en desproporcionada fuerza bruta por no solo uno, sino que presuntamente involucra a todo un cuadrante de la policía, en completa traición a la Constitución, en desconocimiento de los postulados superiores, que además enlodan a la institución de la Policía Nacional en general, donde existen hombres de bien como algunos de los también compañeros de Javier en la UGC.

Lamentable la posición de los medios tradicionales, al preocuparse por los vidrios rotos, las paredes grafiteadas, entre otras preocupaciones materiales; pues las cosas se recuperan pero las vidas NO y por otro lado, el modo de denigrar con noticias falsas de la víctima, que se ha vuelto un modo de operar en estas circunstancias, que lo único que hace es revíctimizar y acrecentar el dolor de los familiares, amigos, compañeros y en especial de los hijos.

De otra manera, ¿Qué pretenden con esas falsas noticias? ¿Justificar que el ingeniero y próximo a graduarse como profesional de Derecho debía morir, por sus presuntas conductas? ¿Justificar el uso abusivo y desproporcionado del poder de las autoridades, valientes con sus armas?

Lo cierto es, que tiene familia que lo extraña, una madre que lo llora, un hermano que sufre, una ex pareja y dos hijos, que no entienden por qué les arrebataron el derecho de tener un padre, sobrino de un pensionado de la policía e hijo de un militar.

Javier era un profesional en ingeniería y próximo a graduarse como abogado de la Universidad Gran Colombia; acucioso con el estudio, respetuoso con sus compañeros, siempre se dirigió con caballerosidad al momento de solicitar una información académica y no se guardaba preguntas, que pudieran ampliar su conocimiento.

Luego de inmovilizarlo y reducirlo, le descargaron choques eléctricos en once oportunidades con una pistola taser de 50.000 voltios. Los uniformados no quisieron oír la súplica, “por favor, ya no más” que repetía entre descarga y descarga. Fueron 17 las veces que clamó para que cesaran los disparos eléctricos, según la agencia de periodismo investigativo – API.[1]

Luego presuntamente en el interior del CAI lo molieron a golpes, que finalmente produjeron su deceso. ¿De los policías del cuadrante, no había uno con conocimientos en derechos humanos y que conociera la Constitución, que juró obedecer?

Total impotencia, dolor, profunda tristeza y completa solidaridad con la familia de Javier Humberto Ordóñez Bermúdez miembro de la comunidad Grancolombiana, torturado y asesinado vilmente en la madrugada del 9 de septiembre, día en que en Colombia se conmemoraba el Día Nacional de los Derechos Humanos y solidaridad con las familias de los jóvenes muertos, en el prolongado abuso de las autoridades, dentro de las protestas contra el desproporcionado y alevoso procedimiento policial.

Desde Colombia un solidario y sentido abrazo para Carmen Rosa la tía de Javier en España; CAROBE, como cariñosamente se le recuerda entre los compañeros del Mintransporte, por su valioso aporte en su paso por el extinto MOPT como Coordinadora del Grupo de Deportes, por su gran impulso para que los funcionarios disfruten de un espacio para la recreación y el deporte en la Unidad Deportiva.

Este suceso enluta a todos los colombianos de bien, a los que le duele la Patria y máxime, por la “Noche de masacre contra el Pueblo colombiano el día Nacional de los Derechos Humanos”, cometida a raíz de las manifestaciones por el vil y cobarde procedimiento policial.

¿Acaso el Pueblo paga de sus impuestos el salario, de quienes lo torturan y lo matan?; destitución inmediata e inhabilidad para ejercer cargos públicos, además de las sanciones penales para los responsables, mientras se dignan adelantar la reforma estructural y de fondo a la Institución.

[1] https://agenciapi.co/investigacion/justicia/la-historia-de-javier-ordonez-muerto-tras-agresion-de-dos-policias