Por: Miguel Vivas Ruiz
La hipoteca inversa es una de las propuestas que desnudan la política del gobierno Duque en esta pandemia, porque refleja el voraz apetito del capitalismo criollo y transnacional contra todos los colombianos. Pero, somos enfáticos en afirmar sin asombros de duda, que todos sus Decretos expedidos al calor de la emergencia, son criminales.
En primer lugar el Decreto 444, es la joya de la corona de la larga fila de normas expedidas y con el que comienza el concierto de desmanes y despropósitos. Ésta norma define claramente el norte de todas sus políticas en la pandemia. Crea el Fondo de Emergencia –FOME- y todos los fondos que se recauden para la crisis saldrán del bolsillo de la población colombiana y específicamente de los trabajadores. Dichos recaudos tendrán un fin exclusivo: apalancar al sistema financiero y dar un salvataje a las grandes empresas del país. Efectivamente, Duque apela en este decreto a las reservas pensionales, a las reservas de las regalías (Decreto 513), a las reservas de Riesgos Laborales (Decreto 552), y de dineros del presupuesto general de la Nación entre otros. El FOME se nutrirá, además, con los impuestos como el Solidario que le sacan a cerca del 20 % de los empleados y pensionados estatales (Decreto 568).
La irresponsabilidad del gobierno no tiene límites. Al apelar a las reservas de pensiones y de riesgos laborales pondrá en riesgo el pago de pensiones en uno o dos años. Ellos dicen es préstamo. No señor, dejará el problema al gobierno que lo siga. Raspada la olla no habrá cómo pagar a los nuevos pensionados ni atender los riesgos laborales en ningún sector. Esta es una de las consecuencias de semejante medida. Para que no quede duda de esta macabra política, el artículo 15 de dicho decreto habla del salvataje de las empresas, como acaba de aplicarlo en el caso de Avianca, destinando miles de millones a una empresa, que ya no tiene capital mayoritario colombiano y además es privada.
Otra espeluznante política está dada en el Decreto 558, que es en plata blanca, un salvataje a los Fondos Privados de Pensiones. Estos fondos privados hacen negocios riesgosos con el ahorro pensional de millones de trabajadores. En las ganancias no se dejan ver, pero en ésta crisis entonces las pensiones de renta programada de cerca de 20.000 colombianos, que vienen con estos fondos privados, las asume el erario público a través de Colpensiones. Es un adelanto de la reforma pensional, porque pone en riesgos a Colpensiones, que la quieren liquidar para quedarse con el negocio completo y redondo de las pensiones.
Veamos ahora, cuál es la política económica para los colombianos de a pie. Para un sector de la población, que es la clientela electoral del Uribismo (familias en acción, jóvenes en acción, guardabosques, adulto mayor, etc.) sólo hay limosnas ($160.000 miserables pesos). Para el resto de la población representada en 14 millones de trabajadores independientes e informales y para las pequeñas empresas familiares no hay nada. En los bancos si no tienes capacidad de pago no te prestan, así existan leyes que digan que sí.
Abramos los ojos, subsidiar el 40% de la nómina de empresas en crisis (Decreto 639) y el 50% de la prima (Decreto 770) no es una ayuda al trabajador como aparece y como se dice. No señor. Es un salvataje más, una gabela más al empresariado que es quien debe responder por sus obligaciones. Nadie entiende cómo una empresa quiebra en un mes y no tenga reservas para imprevistos. Con el cuento que son generadores de empleo y que debemos cuidar el empleo, en estos 30 años se han enriquecido con estas prebendas y gabelas a costa de la miseria de los trabajadores, mientras la tasa de desempleo se mantenía y antes de la pandemia rayaba el 10%. Esta es pues, al desnudo la política del gobierno del presidente Duque. Ni siquiera apela a las reservas internacionales, sino que pone todos los dineros públicos y los impuestos ciudadanos, al servicio de los mismos de siempre. Todo para los ricos y nada para los pobres. Es el fiel reflejo de la empresa criminal que nos gobierna llamada Uribismo.
Ahora bien, esta política venía corriendo antes de la pandemia, con el beneplácito de la burocracia sindical y social, que no enfrentan al gobierno de manera decidida y eficaz. Debemos ir tomando las calles nuevamente, retomando el 21 de noviembre, porque si no nos mata el virus nos matará Duque con estas políticas hambreadoras y con el fusil de sus socios paramilitares, que no han entrado en cuarentena asesinando a diestra y siniestra líderes sociales en todo el país y en particular a la dirigencia indígena en el Cauca.
Debemos adelantar un JUICIO POLÍTICO OBRERO Y POPULAR contra este perverso gobierno para que cada sector social y sindical se manifieste en contra de cada política tomada en sus decretos de emergencia y en su política de gobierno. Juicio que solo se concretará con la movilización y el paro general indefinido para deshacernos de Duque y sus secuaces.
