Por: Anhy Durley González Durán

En el medio digital Noticias Cielo, bajo el título “El negocio del Neoliberalismo sobre el derecho irrenunciable a la Seguridad Social en pensiones en Colombia”[1] fue abordado el intervencionismo de la economía neoliberal en los asuntos económicos y jurídicos del Estado; llevando a la privatización de los bienes públicos, los recursos naturales e incluso del agua, como fuente de riqueza y más lesivo aún, la privatización de los derechos fundamentales e irrenunciables, como la Seguridad Social en salud y en pensiones.

Lo anterior, por cuanto superado el liberalismo económico clásico de la confianza en el mercado, que exigía del Estado “dejar hacer, dejar pasar”, dio paso al neoliberalismo inhumano, que exige del Estado el “dejar entrar, dejar saquear”; con lo cual se ha acrecentado la brecha entre los derechos humanos y los cada vez más precarios derechos laborales; convirtiendo los derechos fundamentales en simples mercancías y el mismo ser humano, en un simple bien del mercado laboral.

En Colombia, la privatización de la Seguridad Social en Pensiones, fue traída desde Chile a finales de los ochenta por Luis Carlos Sarmiento Angulo y su asesor privado, Luis Alberto Moreno Mejía,[2] quien luego fuera presidente del Banco Interamericano de Desarrollo – BID del 1 de octubre de 2005 al 30 de septiembre de 2020; para luego, con su injerencia provocar la redacción de normas ilegítimas, para impedir la libre elección entre Colpensiones y los fondos privados de pensión, después de cruzar los 47 años de edad las mujeres y 52 los hombres; con lo cual, se ha configurado un creciente número de Víctimas de las AFP.

Dentro de las víctimas se encuentran personas, que de tanto luchar por su pensión y ante el estrés y la depresión, han generado enfermedades como cáncer, depresión crónica, intentos de suicidio, enfermedades cardíacas y otras patologías; algunos luchan entre las quimioterapias y los estrados judiciales, por recuperar la pensión digna.

En el libro “El Cartel de las Pensiones en Colombia”,[3] el autor se ha dado a la tarea de descubrir el trato inhumano de las administradoras de fondos privados de pensión, indicando sobre los trabajadores de medianos y altos ingresos afiliados al RAIS, “…que reciben de los fondos privados desde el 9% al 30% como tasa de reemplazo o porcentaje sobre el IBL”, condenándolos a la extrema pobreza; sin olvidar, que con sacrificio han adquirido sus bienes y para poder subsistir en la vejez, tienen dos opciones; venderlos o someterse a la hipoteca inversa, con el fin de tener que entregar a los bancos sus inmuebles a cambio de un valor, que complemente las míseras mesadas pensionales.

Expone Alvarado, que el más cruel trato de todos, es el dado por las AFP a los afiliados con “… hijos en condición de discapacidad", en total aberración de cualquier sentimiento humano cegado por la ambición, pues el castigo del régimen privado consiste en reducir aún más la mesada pensional, so pretexto de que el dinero debe alcanzar para cubrir al hijo en esta situación, mientras viva.

Aún más, existe otro trato inhumano y es el dado a las mujeres, pues deben ahorrar un capital mayor que los hombres; esto es, un 18.5%, so pretexto de que su esperanza de vida es mayor; en contraposición a los postulados constitucionales, que imponen una protección especial a la mujer por su condición de género.

Entendiendo por condición de género, los factores y mecanismos sociales, económicos y culturales en que la mujer desarrolla su existencia en una sociedad, en comparación con los hombres y que determina, la situación de desventaja y subordinación en la que se encuentran.

Máxime, cuando en Colombia una parte de la población femenina ingresa tarde al mercado laboral, debido a que deciden asumir la responsabilidad de la crianza de sus hijos en sus primeros años de vida y en la mayoría de los casos su desgaste físico se duplica, por tomar simultáneamente diferentes roles como atender a su familia y a la vez de trabajadoras, entre otros más.

Así las cosas, la economía neoliberal se caracteriza por arrasar con el Estado Bienestar y en su lugar, exponer su máxima expresión de la crueldad, la ambición y del machismo; cual superioridad del hombre sobre la mujer y los niños indefensos, anteponiendo el dinero sobre la condición humana y en este caso, desconociendo el protagonismo de la mujer en la prolongación de la especie humana; mediante los hijos, que son castigados también por el solo hecho de nacer y más aún si nacen en condición de discapacidad.

De tal manera, que las Víctimas de las AFP prisioneras, por cuenta de una normativa ilegítima, que les prohíbe optar por el régimen público, que es más favorable, ha generado enfermedades cardiacas, de depresión e incluso de cáncer, obligándolas a tener que debatirse entre las quimioterapias y los a veces despiadados estrados judiciales; pues no solo enfrentan a un indolente juez sino a los abogados de las AFP y de la misma administradora del régimen público, que se oponen al traslado.

En ese orden, la privatización de la Seguridad Social en Colombia, está llevando paulatinamente a las personas atrapadas en las AFP, a la depresión y de ahí, a las enfermedades; es decir, el régimen privado de pensiones, está acabando con el ser humano.

Son muchos los testimonios, que quedan en el anonimato, como el de la trabajadora de la salud, que después de sufrir una terrible depresión por su situación pensional, decidió demandar ante el Juez Laboral e inició con mucho entusiasmo su batalla en los estrados judiciales, convencida de que su triunfo llegaría en justicia y en derecho, pues nunca recibió suficiente información para renunciar al régimen público y su traslado al privado, fue sin un consentimiento informado.

Se endeudó para pagar los honorarios de un profesional del derecho e inició la lucha por recuperar lo que le habían usurpado con engaños.

Mientras continuó el curso del proceso judicial, seguía trabajando arduamente, pues pese a tener cumplida la edad no se había podido pensionar y además, viuda, con una hija desempleada a su cargo y con su madre de avanzada edad bajo su responsabilidad, no tenía alternativa.

A los seis (6) meses de iniciado el proceso judicial, le fue diagnosticado un cáncer e inevitablemente le tocó someterse a una urgente cirugía; todo transcurría como lo pronosticaron los galenos, retiraron el tumor maligno; no obstante, un coágulo se le fue al corazón y de inmediato fue sometida a una simultánea cirugía de corazón abierto, procedimientos quirúrgicos de los cuales finalmente salió victoriosa, pero desgastada físicamente.

Mientras tanto, en el proceso judicial se acercaba la fecha de la primera audiencia y no la podía volver a aplazar; convaleciente y arrastrando sus pasos en plena recuperación postoperatoria, fue al estrado judicial y la justicia llegó a sus oídos, el juez en primera instancia, falló a su favor.

No obstante, la dicha le duró muy poco pues en la misma audiencia las administradoras públicas y la privada, decidieron apelar la sentencia y se fue a segunda instancia y como si fuera poco a su desgracia, le reapareció el cáncer haciendo metástasis en el cerebro y su salud empeoró, se fue complicando lentamente pero permanecía lúcida, consciente de su deterioro, le falló su visión y perdió la vista; duró tres (3) meses más y debió ser hospitalizada, donde sin fuerza alguna, perdió la batalla por recuperar la justa pensión en vida, su vida se apagó.

La AFP Colfondos carga en su prontuario una vida humana más, la madre quedó sin quien la cuidara como lo hacía ella, su hija quedó con el dinero de la devolución de los aportes, que nunca compensará el precio por la vida y el amor de su madre y ella se fue joven aún y sin derecho a vivir dignamente.

La inhumana y cruel Seguridad Social ha disparado en pandemia, la depresión, la angustia, la soledad y en algunos casos ha culminado en enfermedades catastróficas e incluso hasta la muerte de algunas de las Víctimas de las AFP.[4]

Son muchos los testimonios de quienes padecen la indiferencia de los órganos de poder del Estado Social y Democrático de Derecho, fundado en la dignidad humana y en la prevalencia del interés general; donde algunos de los altos funcionarios del ejecutivo, tienen acciones en las AFP, en total prueba del conflicto de intereses, según denuncia del Representante David Racero Mayorca, en plenaria de Cámara de Representantes, según video del 1 de mayo de 2019, en el canal Somos Colombia,[5] irregularidad que permanece en la impunidad y demuestra, que la dignidad humana ha sucumbido a la ambición del neoliberalismo; que se ha extendido en otras partes del mundo.[6]

[1] González, A. (2021). El negocio del Neoliberalismo sobre el derecho irrenunciable a la Seguridad Social en pensiones en Colombia. Noticias Cielo, Volumen No.1, 1-9 http://www.cielolaboral.com/wp-content/uploads/2021/01/gonzalez_noticias_cielo_n1_2021.pdf

[2] https://www.las2orillas.co/una-fortuna-hecha-sobre-el-sudor-y-lagrimas-de-los-colombianos/

[3] Alvarado, S. (2019). El Cartel de las Pensiones en Colombia. Página 774. Recuperado de: http://biblioteca.ciess.org:8081/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28780

[4] https://pueblosoberano.com/el-trato-cruel-e-inhumano-de-la-afp-porvenir/

[5] Portal Somos Colombia. (2019). ¿Carrasquilla detrás del negocio de las pensiones? Recuperado de:  https://www.youtube.com/watch?v=qqtcsrxWRtQ

[6] https://www.la-epoca.com.bo/2019/08/29/neoliberalismo-y-crueldad/#comment-742