Por: Joaquín Valencia Gil

Celebramos la apertura de espacios, con pensamiento crítico, más cuando el medio ofrece la tan necesaria independencia de un medio alternativo como “Pueblo Soberano”, con la misionalidad de permitir no solo escuchar la voz de los sin voz, del colectivo VIC BANQ, circunstancias entre otras que nos impulsan a “atrevernos a contar la verdad” que hemos esclarecido en muchos aspectos en contra de banqueros, politiqueros, agentes del Estado, la prensa, la radio la TV, quienes en conjunto se han empeñado en ocultarla y disfrazarla a cualquier precio, para así encubrir complicemente las atrocidades, los crímenes financieros, producto solo de la codicia de un minúsculo número de prestamistas, que en el fondo manejan el destino económico, social, político de miles y millones de personas sometidas a una muy bien encubierta dictadura bancaria-financiera, que a su antojo y capricho maneja los hilos del poder, los hilos de los derechos dignos y humanos: a la educación, a la vivienda, a una pensión, a la salud, es decir, una tiranía que en realidad “juega y gobierna” con todo nuestro estado de “bienestar común”, manipulándose nuestro derecho humano a la continua progresividad (Art. 26 CADH) para tal fin  estos personajes, no solo se han aliado, con una de las ramas del Poder, sino para garantizar sus perversos propósitos, han involucrado a los más altos niveles de las 3 o 4 ramas del Gobierno, para poner a su servicio y disposición todas las “autoridades” tuvo que penetrar todo el aparato estatal, judicial, entes de control, táctica con las que de paso ha vulnerando sistemática y masivamente los  derechos fundamentales y humanos descritos.

Tratándose de historia, esta disciplina establece que todos los fenómenos o hechos deben estudiarse con rigor desde su génesis, evolución y, especialmente enfocándose en las particularidades o en los efectos más relevantes, al respecto dice el refrán popular “en los detalles se esconde el demonio”,  o “reyezuelo”; es la historia como descubrimos el sofisticado engaño-  trampa del banquero, artificios que están muy bien escondidos o muy bien maquillados en los documentos o títulos valores, que nos impusieron y obligaron a firmarlos, dejando los espacios en blanco, dizque por mandato de la Ley (Art. 622 C.Co.), espacios que posteriormente son llenados por la avaricia, con cifras no acordadas, alterándose y falsificándose el pacto original, obviamente en contra del patrimonio de cada víctima que ha caído en las redes tendidas por el sector financiero, aspectos que ampliaremos posteriormente.

En la línea del contexto histórico de nuestro colectivo, nos parece preciso memorar que el derecho a la vivienda en Colombia, en el año 1999, fue blanco no de uno, sino de dos desastres, uno natural y el otro provocado por el inhumano hombre, el primero fue el terremoto que sufrió la ciudad de Armenia (Quindío) ocurrido el 25 de enero de 1999, destruyendo las viviendas del 95% del centro de esta ciudad y el 75% de la misma, además cobrándole la vida a 1.185 personas. Según el FOREC, entidad encargada de la reconstrucción de Armenia, tuvo que levantar o construir 120.000 viviendas, según los reportajes periodísticos con ocasión de los 20 años de este terremoto.

Desastre natural, que de alguna forma, prendía las voces de alerta  temprana (en el mismo año 1999), anticipándose unos cuantos meses, estando en ciernes el gran “sismo”, aún más destructivo de hogares y, aún más aterrador por sus efectos en el tiempo, que el del Eje Cafetero, nos referimos a nada más y nada menos que el “Terremoto de la UPAC/UVR”, que en términos similares de la actual pandemia provocada por el coronavirus, fue producto de la “manipulación de su estructura genética” concebida con el propósito perverso de alcanzar mayores ganancias para el sistema bancario-financiero colombiano, implicando un presunto enriquecimiento ilícito (a investigar como todos sus punibles), por los cobros excesivos y abusos de las tasas de interés-usura-, de este sector, dada  su posición dominante,  provocando como era de esperarse efectos colaterales, que van desde el daño patrimonial, la ruina, la desintegración no de miles, sino de millones de núcleos familiares, agravado por el masivo suicidio-inducido- de miles de usuarios que fueron y aún siguen siendo sometidos a despojo judicial y luego a desplazamiento interno forzado intraurbano, conductas prohibidas de forma precisa y taxativa  a los agentes del Estado, como a terceros intervinientes en tales procesos, según los Pactos o Tratados Internacionales de Derechos Humanos suscritos por el país, siendo prevalentes por orden de la Carta Política (Art. 93); no obstante, esta protección a nuestros derechos fundamentales y humanos, como si fuera el medicamento o la medicina apropiada para evitar el despojo judicial-desplazamiento interno en las ciudades, este remedio (los estándares internacionales) tampoco se han implementado en asuntos de banca, porque es un requisito en el reino INJUSTO del autoproclamado “REY MIDAS”  (o mejor el Dictador Sarmiento Angulo) el “deber” de seguir reinando en casi todo el anacrónico aparato judicial, las enfermedades que más lo benefician y mayor rendimiento le generan, es decir, la corrupción y su “hermana gemela” la impunidad, que galopan a lomo tendido, como otra de las epidemias que nos agobian y azotan, especialmente al reclamarse los derechos humanos a una vivienda, salud, pensión y educación dignas.

Circunstancias a las que aplica el aforismo romano, por ser común tanto para las ciencias jurídicas como a las ciencias médicas,  el axioma que reza: “Sublata causa, tollifur effectus” que traduce “Suprimida la causa, desaparece el efecto”; este principio sería eficaz, fecundo y fértil a las reales o verdaderas causas de nuestras patologías o enfermedades,  o ante las atrocidades que aún se mantienen después del “Terremoto de la UPAC/UVR”  junto a sus funestas consecuencias, descritas muy brevemente, pero lo realmente ocurrido es que estas causas y efectos, han sido encubiertas, han sido disfrazadas, repetida y frecuentemente como estados o hechos de “apariencia” con la vana ilusión de hacerlos ver como un hipotético estado de legalidad, ocultando sagazmente la ilegalidad, que se encargan de repetir los áulicos del “REY MIDAS”, en docenas de micrófonos y cámaras de TV a su disposición, hasta repetir y repetir  incansablemente la mentira una y otra vez, intentando hacerla ver como una verdad, sin serla en realidad.

Pero el poder del REY y de su dictadura, no se limita a dominar los medios masivos de comunicación, varios de ellos comprados por él, sino que su nefasta influencia se extiende a diseñar y redactar por él mismo artículos completos de las leyes, que cada Presidente de la República, le ha patrocinado, el Congreso reverencialmente le admite, como así lo confesó el  mismo “REY MIDAS” en la Revista Semana nov.-dic./2009 y, como si esta entronizada tiranía no fuera suficiente, su poderoso e irresistible influjo se extiende a las continuas reformas a los códigos procesales civiles, que  aún mantienen (cada vez menos) normas a favor de los usuarios de los créditos de vivienda, del trabajador o del pensionado; modificaciones a las leyes, que ejecutan sus legiones de abogados y los congresistas adeptos al voraz e insaciable sistema especulativo, basta ver las medidas regresivas impuestas, como cuando se abolieron las garantías en los procesos de ejecución hipotecaria, que en caso de incumplimiento de los requisitos impuestos por la ley, era posible decretar de OFICIO por el juez civil la nulidad del proceso (art. 145 C.P.C.), esta herramienta fue removida del marco legal procesal imperante, en la misma tónica de medidas regresivas suprimieron el art. 530 ibídem, que permitía la invalidez de la diligencia de remate del inmueble en caso de constatarse por el juez la ilegalidad o ilegitimidad del proceso.

El anterior escenario se materializa cuando los jueces con el nuevo C.G.P., teniéndose en plena vigencia, las nulidades sustantivas del Código Civil, del C. de Comercio y la nulidad constitucional (art. 29 C.P.) de mayor jerarquía que las procesales, las ignoran y las niegan, invirtiendo la escala de prevalencia de las leyes, inventándose argumentos contraevidentes, vicios de interpretación, yerros gravísimos a partir del defecto de falsa motivación, defectos sustantivos y procedimental (vías de hecho), al desfigurarse la verdad y la realidad jurídica, al asegurar, que dentro del C.G.P., no se encuentran incluidas las nulidades sustantivas ni la de orden constitucional, es un verdadero adefesio jurídico que están usando jueces y magistrados, quienes a través de estos argumentos están tolerando los abusos, las arbitrariedades proyectadas por los actores; circunstancias en las que encaja la denuncia del  ex vicepresidente Naranjo, al posesionarse en el gobierno Santos, quien atinadamente señaló: “…la verdad está siendo acorralada por la mentira.”,  todo un escenario donde se está es privilegiando la mercantilización de nuestros más básicos y elementales derechos, eje central de la notoria desigualdad social y precariedad que “reina” en nuestro sacrificado Pueblo Soberano. Las estadísticas internacionales en desigualdad hablan por sí solas, Colombia en América Latina es uno de los países más desiguales.            

La esperanza para las VÍCTIMAS de BANQUEROS y agentes del Estado–VIC BANQ estriba en las  denuncias, que la IMPUNIDAD las empujó a radicar ante el Sistema Interamericano de DD.HH., y esta fincada en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha decantado y desarrollado una de sus varias líneas jurisprudenciales, es así como para enfrentar los  hechos de “apariencia”, cuando se ha violado el debido proceso legal y al tiempo, el poder judicial local pretende encubrir a los responsables de graves violaciones a derechos humanos, surge el fenómeno de cosa juzgada fraudulenta, máxime si estas conductas son crímenes de lesa humanidad, como así lo declararon contra Colombia los Eurodiputados (sept./2008), en nuestros casos.  ¡Oh se acabó por ahora el espacio!, esta historia de desastres, epidemias, mentiras, fraudes creemos debe continuar.